LA AYUDA SOCIAL A LA INFANCIA EN LOS AÑOS TREINTA

Los Estados modernos tienen una serie de instituciones destinadas a garantizar que los niños se conviertan en integrantes plenos y útiles a la comunidad nacional. Esta atribución del Estado ha significado un recorte del poder del “pater familie” sobre su prole. En forma abstracta, puede hablarse de dos modalidades diferentes de intervención del Estado. Por un lado, se ubica la injerencia del Estado en la formación del conjunto de la población infantil, independientemente de sus formas de vida, experiencias o situaciones específicas. Un ejemplo claro en ese sentido lo constituyen las potestades del Estado con relación a la instrucción de los niños y la obligatoriedad de la instrucción pública. Por otro lado, existe otro tipo de acciones e instituciones del Estado que están destinadas a actuar en los casos considerados “anómalos”, es decir, situaciones que son evaluadas en términos de conflictos, riesgos o problemas. En esta dirección, puede señalarse la creciente ampliación de las facultades del Estado para quitar o remover la patria potestad de los padres, uno de cuyos hitos fue la ley de Patronato de la Infancia (1919) por la cual aumentaron las situaciones en las cuales los padres perdían el derecho a ejercer su autoridad sobre los niños. Durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, cada una de estas líneas de intervención dio lugar a dos ámbitos separados y escindidos de intervención del Estado en las dinámicas familiares: la escuela para los niños pertenecientes a familias concebidas “normales” y las instituciones de beneficencia destinadas a los “menores”, es decir, los niños cuya vida se desarrollaba por fuera del orden doméstico instituido.

A partir de la década del 20 estas ideas comenzaron a sufrir ciertos cambios. En primer término, las tragedias y muertes provocadas por la primera guerra mundial condujeron a resaltar los efectos de la violencia en la vida de los niños, reforzando el movimiento a favor de los derechos de la infancia (Scarzanella, 2003). Estos fueron promovidos por distintos organismos internacionales que actuaron con renovada importancia en Europa pero también en América Latina. En segundo lugar, paralelamente a este proceso por el cual los niños crecientemente fueron concebidos como sujetos de derecho, se reforzó el valor otorgado al núcleo familiar en la crianza de los niños. En particular, se creó un nuevo consenso que rechazaba la posibilidad de que las instituciones públicas o privadas sustituyeran al hogar y la vida familiar. Por el contrario, se creía que sólo la familia podía garantizar la formación de individuos equilibrados, maduros y adaptados socialmente (Guy, 1998).

En Argentina, al igual que en otras regiones, con la recesión de los años 30, ciertos sectores sociales, intelectuales y políticos vieron en la acción del Estado un paliativo a las dificultades económicas y sociales. Al mismo tiempo, las élites nacionales enfrentaban la erosión de la legitimidad del sistema político, visto también en crisis. Esto condujo a una revaloración del papel de la familia en la vida social y política. En particular, se consideró que la familia podría ser una institución capaz de suturar la conflictividad social, un espacio donde las nuevas generaciones se socializaran en el acatamiento a la autoridad, integradas a un orden doméstico inamovible y estático. Al mismo tiempo, se ampliaron las medidas del Estado destinadas al conjunto de los niños con la intención de contribuir a su bienestar en situaciones normales y sin que esto significara separar a los niños de su entorno familiar o retirarle a los padres la patria potestad (aunque esto, por supuesto, no dejó de suceder). En otras palabras, se crearon ciertos mecanismos que erosionaban la existencia de dos líneas de acción escindidas en torno a la infancia, unificando las acciones destinadas a los niños comunes y las medidas tendientes a protección de la infancia. De este modo, se creó la Comisión Nacional de Ayuda Escolar que estuvo integrada por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, el Consejo Nacional de Educación, El Departamento Nacional de Higiene y Patronato Nacional de Menores. Los objetivos eran atender la asistencia social directa a los niños en edad escolar, esta consistía en alimento (mediante la organización de comedores escolares) y provisión de ropa, guardapolvos y otros útiles escolares. Se trató entonces de un organismo para la ayuda social destinada a colaborar con los padres al sostenimiento de los niños. Más adelante, la Comisión sumó los servicios médicos que incluían asistencia médica, odontológica, distribución de medicamentos y control sobre la higiene de los niños y las familias. De esta forma se montó un importante engranaje mediante el cual el Estado aumentaba sus injerencias en el ámbito de la familia, cumpliendo ciertas obligaciones del padre, y garantizaba, a la vez, que el control de la “salud” y la moral de los niños, sin necesidad de apartarlos definitivamente de sus progenitores.

 

Bibliografía específica referente a este texto

  1. Guy, Donna, "The Pan American Child Congresses, 1916-1942: Pan Americanism, Child Reform, and the Welfare State in Latin America," Journal of Family History vol. 23, nro. 3, Julio de 1998, pp. 272-291.
  2. Scarzanella, Eugenia, “Los pibes en el Palacio de Ginebra: las investigaciones de la Sociedad de las Naciones sobre la infancia latinoamericana (1925-1939)” en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 14, nro. 2, julio-diciembre, 2003.

 

Otras fuentes

  1. Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Memoria del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Buenos Aires, [editorial varía], 1938-1944.
  2. Consejo Nacional de Educación, Educación Común en la Capital, las Provincias y los Territorios Nacionales, Buenos Aires, [editorial varía], 1938-1948.

 

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